Las leyes sin reglamento proliferan en México, dejando en jaque, tiempo y estrategias establecidas por el Poder Legislativo, y vaya que hablar de ello es mucho, porque las pocas que se aprueban no tienen el efecto deseado. El caso es que desde 2009 fue aprobada la ley que hace efectiva la obligatoriedad de la factura electrónica a partir del 1 de enero de 2011, no sólo para personas físicas sino empresariales. Hablamos de cinco millones de usuarios, que a decir de Miguel Ángel Peralta, director general de la Asociación Mexicana de Comercio Electrónico (AMECE), no estarían listos para establecer en sus finanzas este tipo de tecnología, dado que a seis meses de que entre en operación la factura electrónica simplemente no hay reglamento.

Sabemos que la directiva del SAT, al mando de Alfredo Gutiérrez, trabaja en dicho reglamento, pero sería prioritario que ya se dé a conocer, si es que verdaderamente se quiere entrar con este tema de lleno, porque el desconocimiento al respecto es mayúsculo. La realidad es que la falta de reglamento hoy pone en disyuntiva todo el tema, comenzando porque se desconoce quiénes serán los proveedores que den la certificación. Aunque existen 23 proveedores ya certificados, como Estafeta, al mando de Ingo Babrikowski, la realidad es que no cubrirían la demanda que se podría generar en enero. Se calcula que se requieren por lo menos 600 proveedores. En fin, todo parece indicar que la factura electrónica no será, en todo su esplendor, una realidad para inicios de 2011.

La propuesta de la AMECE es que el reglamento salga a la brevedad posible para que haya certeza jurídica y su obligatoriedad sea paulatina, para evitar una incursión errónea. La propuesta va acorde a la realidad, dado que si bien es cierto grandes empresas ya están inmersas en este esquema, las pymes y las personas físicas tienen un gran rezago. No habrá que perder de vista los pasos de este adelanto tecnológico, al cual México no puede estar exento, más cuando los ahorros para los contribuyentes puede ser de hasta 90% de sus gastos, y para las autoridades representa un control en materia de impuestos.

Fuente: Información publicada en Excélsior /17-junio-2010.